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Fuente: www.laprovincia.es
Los centros de buceo canarios deberán pagar a partir de este año 1.500 euros anuales por disponer del uso de una cámara hiperbárica, que se utiliza para problemas de descompresión y que actualmente sólo se encuentra en las islas de Tenerife y Lanzarote. Un precio que, según los responsables de los clubes, es desmesurado, ya que hasta ahora pagaban 100 euros por el mismo servicio. Los profesionales piden al Gobierno de Canarias que modifique esta suma porque, de lo contrario, se verán obligados a cerrar.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno canario es la que, a través de un decreto, recoge cuáles son los requisitos para obtener la autorización para abrir estos centros. Entre estas exigencias, se incluye la garantía de tener a disposición una cámara hiperbárica. Ante la denuncia de los centros de buceo, fuentes de la Consejería argumentan que su labor se reduce a velar por que se cumpla la normativa vigente y que el precio de las cuotas las establecen las empresas privadas que gestionan la cámara hiperbárica. Parte de la treintena de centros de buceo de Gran Canaria ha decidido no hacer frente a esta subida de la que fueron avisados hace un mes. Ante este plante, la Consejería les ha respondido por carta notificándoles que de no pagar esta cuota anual, se les retirará la autorización concedida.
Por su parte, los afectados explican que ya tienen que hacer frente cada año al pago de licencias y de otra serie de seguros que cubren el uso de la cámara hiperbárica en el caso de que sea necesario. "En un gasto que repercutirá sobre el precio del buceo y destruirá puestos de trabajo, ya que muchos centros de buceo pequeños no se lo pueden permitir", explica Kiko Concepción, responsable de un centro de buceo de la capital grancanaria.
Los profesionales del submarinismo denuncian además que precisamente los clubes canarios que son ilegales no pagan este canon porque su existencia no está recogida en ningún documento. Por ello piden al Gobierno de Canarias que extreme la vigilancia y que realice inspecciones en estos locales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.
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