La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 conocida entre los marineros como la Constitución de los Océanos obliga al patrón de cualquier embarcación a prestar "auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar". El acuerdo entró en vigor en 1994 y está ratificado por casi todos los países de la OTAN, explica el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia José Juste, que apunta que se trata de una "regla de oro" para cualquier embarcación, ya sea un buque mercante o militar.

El problema radica en las sanciones. "Por lo general, los instrumentos de derecho internacional no incluyen sanciones. Cada país estipula las suyas, por lo que van en función de la bandera que tenga cada barco", explica Juste. El catedrático se muestra escéptico sobre las consecuencias que puedan tener la muerte de los 61 inmigrantes en los tribunales porque los supervivientes tendrían que saber qué barco les negó el auxilio, algo que todavía no está claro. Por su parte, el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, denuncia que este suceso se enmarca dentro de la política de Europa de controlar las vías de inmigración irregular "hasta la barbarie de negarles el salvamento". "La frontera marítima de la UE se ha convertido en un muro con demasiados cadáveres", critica Abad. A pesar de que el abandono está penado internacionalmente, los pescadores se han planteado en numerosas ocasiones si los rescates son contraproducentes para ellos. La polémica se desató en 2006, tras el caso de la embarcación española Francisco y Catalina. El pesquero encontró una patera sin gobierno con 51 personas a bordo a 15 millas de Malta, cesó sus labores de pesca para auxiliarles e intentó trasladarles a tierra. Pero Malta rechazó aceptarles y, finalmente, España tuvo que acoger a 29 de ellos.

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