Décimo día de la Patrulla Mediterránea de la Operación Blue Rage –furia azul- de la organización ecologista radical Sea Shepherd Paul Watson, capitán del barco Steve Irwin, informa que su equipo ha conseguido liberar a 800 atunes rojos que estaban atrapados en jaulas flotantes a 42 millas de la costa norte de África, en aguas Libias. En un vuelo de reconocimiento, el equipo pudo divisar dos buques de pesca. Uno estaba transfiriendo atunes rojos dentro de una de las dos redes que estaban siendo remolcadas por el otro. A las 13h. el Steve Irwin se encontró con el buque italiano Cesare Rustico, que remolcaba dos jaulas, una de las cuales contenía alrededor de 800 ejemplares de esta especie en peligro de extinción. Demasiado atún para un solo buque. El capitán del Cesare Rustico explicó que el atún provenía de otro buque, el Tagreft, y otros siete buques libios. Todas las capturas, aseguró el capitán, se realizaron el 14 de junio, el último día de la temporada legal. Pero según Sea Shepherd eso no es creíble dado el estado de la mar esos últimos días de la campaña del atún mediterráneo. En la web de la organización podemos ver como el Steve Irwin embiste las redes y cómo sus activistas bucean para cortarlas.

¿Pesca ilegal de una especie en vías de extinción? ¿Qué harían las autoridades con una simple denuncia? ¿Hubieran vivido esos atunes para poder continuar con la incierta labor de perpetuar su especie?

Cuando uno estudia derecho acaba concluyendo que en los tribunales de “justicia”, en el mejor de los casos se aplica la ley, pero no se imparte Justicia, con mayúsculas. Para ello haría falta que los hombres y mujeres que ejercen de jueces fueran justos, independientemente de que la ley lo fuera, porque una ley justa en manos de una persona injusta no surte efecto, pero al contrario, alguien justo puede interpretar una norma defectuosa y hacerla florecer en favor de la comunidad. Desgraciadamente, no examinan de Justicia o cualidades morales a los funcionarios de la judicatura en sus oposiciones, sino de conocimientos legales y procesales, porque se espera de ellos que sean unos tecnócratas del estado de derecho que se ganen su sueldo resolviendo técnicamente la aplicación de la ley, sea esta justa o injusta.

Entonces ¿Es legítimo actuar frente a la injusticia? ¿Aunque no sea legal? ¿Con qué límites? Creo que un punto de partida es que los medios deben adecuarse a los fines. Es decir que no podemos defender la vida de unos atunes matando a personas por ellos. No sería congruente defender la vida matando, o defender la libertad privándosela a otras personas.

Pero cuidado, no todos jugamos con los mismos escrúpulos morales. Para los que la riqueza es un fin en sí mismo, los medios para obtenerla están justificados siempre. Así que poco les importarán nuestros razonamientos morales. Además, para la aplicación de la ley, la misma que excluye el uso de la violencia por parte de los ciudadanos, se otorga a los estados la capacidad de ejercerla sobre nosotros.

En definitiva: ¿Es suficiente tomar una postura cívica de protesta dentro de la legalidad, como lo plantea Greenpeace, o debemos actuar con más contundencia, al estilo de Sea Shepherd? Ambas posiciones son arriesgadas. La primera corre el riesgo de quedarse corta y la segunda de pasarse de la raya. Pero lo que es del todo inaceptable es quedarse con los brazos cruzados.